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La Guardia Civil desarticula una red de contrabando de material de defensa para Arabia Saudí
La Guardia Civil ha desarticulado una red de contrabando de material de Defensa con destino a Arabia Saudí en el marco de la denominada operación Sabra. El entramado, por el que ya ha sido detenida una persona y hay otra más bajo investigación, exportaba motores y repuestos militares para carros de combate y vehículos blindados de transporte de tropas, además de suministrar el apoyo al ciclo de vida, desde mantenimiento periódico a actualizaciones. Los motores corresponden principalmente al modelo M60 de fabricación estadounidense y que empezaron a llegar al país a raíz de la guerra fría. La investigación habla de material por valor de 2,8 millones de euros que se movió desde una empresa ubicada en Málaga, concretamente en el polígono de Bedalmádena.
La operación ha sido desarrollada por la Jefatura de Información (UCE3) de la Guardia Civil, con el apoyo del Grupo de Información de la Guardia Civil de Málaga, bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.
Las operaciones comerciales realizadas por esta empresa, según la Guardia Civil, "carecían de las preceptivas licencias de transferencia de las autoridades de comercio españolas por lo que eran declaradas de manera fraudulenta como si se tratase de repuestos de camiones civiles".
Los vehículos se destinaban a las Fuerzas Armadas de Arabia Saudí y fueron utilizados enla guerra de Yemen, contraviniendo, según ha recordado la Benemérita, "las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dictadas en contra de exacerbar este conflicto bélico". Es precisamente por esto, entre otros motivos legales y estratégicos, por lo que cualquier exportación de Defensa depende de una licencia concedida por la Junta Interministerial Reguladora del Control de Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (Jimddu), para lo que previamente las empresas deben estar inscritas, como pertenecientes al sector Defensa, en un registro especial del Ministerio de Comercio. Este organismo estudia cada una de las exportaciones que se realizan.
La Guardia Civil ha explicado que el objetivo de esta intervención "no es otro que evitar que este tipo de materiales puedan ser desviados ilegalmente a países en conflicto o de preocupación". El tráfico ilegal de material de defensa no solo es un riesgo para los Derechos Humanos, sino para "los intereses generales de la defensa nacional y de la política exterior del Estado y el cumplimiento de los embargos internacionales y de los compromisos internacionales adquiridos por España".
