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2024: horizontes para la industria militar española
Artículo extraído del blog del autor: Manfredo y la industria de Defensa
Empecemos echando unos números. El PIB de la Unión Europea en 2022 fue de 13.424.177 millones de euros frente a los 11.224.918 millones de 2017, lo que ha supuesto un incremento del 19,6 %. La renta per cápita media pasó, en el mismo periodo, de 32.970 euros a 38.960 euros, es decir, un incremento también del 19,6 %. El PIB español pasó de 2017 a 2022 de 1.162.422 millones a 1.346.377 millones con un incremento del 18,2 %. Sin embargo, la renta per cápita sólo creció, durante el mismo periodo, un 13,2 %, pasando de 24.980 euros a 28.280 euros.
Entre los 196 países que recogen las estadísticas del Banco Mundial o el Fondo Mundial Internacional, España ocupa el puesto 14 por PIB y el 36 en renta per cápita. Las diferencias entre PIB y su reparto entre los ciudadanos representa una anomalía difícil de explicar en términos económicos.
De los números anteriores se deduce que España está creciendo por debajo de la media europea y, lo que es más preocupante, el nivel de riqueza de la población va perdiendo posiciones en el entorno internacional. Relativamente, de 2017 a 2022 los españoles nos hemos empobrecido respecto al resto de ciudadanos de la Unión Europea. A ello contribuye de manera incontestable la pérdida de casi un millón de talentos que han tenido que emigrar por razones sociales y económicas durante la última década (aunque su formación la hemos pagado entre todos).
Veamos lo que ha ocurrido con las inversiones de Defensa en España: mientras en 2017 el presupuesto fue de 8.623 millones, es decir, un 0,66 % del PIB con un gasto en personal de 4.530 millones (52,5 % del presupuesto) y un gasto por español de 185 euros/año, en 2022 subió hasta 11.338 millones (un 0,8 % del PIB) con un gasto en personal de 5.061 millones (44,6% del presupuesto) y un gasto por español de 235 euros/año. Si tenemos en cuenta los programas especiales de modernización, el presupuesto de 2022 ascendió a 19.748 millones (1,4 % del PIB, 415 euros/año por habitante). En 2023 el presupuesto de Defensa se elevó a 12.834 millones (1% del PIB) con un gasto en personal de 5.375 millones (41,9 % del presupuesto).
A título comparativo, el gasto en Defensa por habitante en 2022 fue de 747 euros en Francia, 643 euros en Alemania, 967 euros en Reino Unido, 545 euros en Italia, 2.512 euros en EEUU o los 590 euros de Rusia.
Primera conclusión: el esfuerzo de los españoles en Defensa sigue siendo muy débil y el incremento del presupuesto sigue sin considerar la equiparación de las retribuciones de sus profesionales con otros cuerpos similares, manteniendo unos sueldos sumamente bajos si se consideran las exigencias de la profesión (renuncia a derechos civiles, código penal militar, peligrosidad, disponibilidad, evaluación continua, movilidad geográfica, pruebas físicas, etc.).
Segunda conclusión: entre el año 2000 (0,92 % del PIB) y el 2022 (0,8 %), el presupuesto español dedicado a Defensa ha sido el menor de la OTAN y muy alejado del 2 % que exigen nuestros aliados (aunque tan solo el 30 % de los aliados lo cumplen). El objetivo de llegar al 2 % en 2029 parece utópico a la vista de la inmensa deuda pública (1.577.000 millones en septiembre de 2023, 32.500 euros por español). Ello ha implicado unas Fuerzas Armadas tradicionalmente infradotadas en salarios e inversiones que, sin embargo, se han visto empujadas a misiones en el extranjero desproporcionadas (con relación a las inversiones, las plantillas y los medios disponibles) con el fin de 'salvar la cara' frente a los aliados para compensar el paupérrimo esfuerzo inversor. Aunque duela decirlo, los gobiernos españoles han antepuesto los euros al sacrificio y bienestar de sus soldados.
Consecuencia de la cumbre de la OTAN en Madrid, el abrupto incremento del presupuesto de Defensa se ha comenzado a dedicar a la sustitución de sistemas obsoletos, la actualización de algunos y la incorporación de nuevas capacidades, pero no se ha visto reflejado en los organigramas y recursos disponibles, saturando organizaciones y planteando lagunas evidentes desde el punto de vista de la gestión y la capacidad productiva. Algunas fábricas han sido adquiridas por capital extranjero, otras cerradas, varios sistemas se han obtenido sin un retorno tecnológico claro y no pocos fondos se han usado políticamente para tomar posiciones en empresas de las llamadas 'estratégicas'. La influencia política en la adjudicación de expedientes de obtención es patente, como lo es la compensación por el apoyo a las maniobras gubernamentales de algunas empresas punteras aún a costa de lastrar el cumplimiento de los objetivos (coste, plazo, prestaciones) de algunos programas de adquisición.
Programas planteados con urgencia, como el Sistema Lanzacohetes de Alta Movilidad (Silam), el Vehículo de Apoyo al Combate (VAC), el misil Mistral 3 o el Vehículo Militar Todo Terreno (VMTT) tardarán años en incorporarse a las unidades, mientras que otros sistemas cuya eficacia se ha constatado tras la invasión de Ucrania, como la artillería de campaña autopropulsada cañón y cohete sobre ruedas, los misiles antibuque de costa o los vehículos protegidos 6x6 (dado que el 8x8 es un sistema de combate que, por su complejidad y nivel de ambición, NO sustituye a los obsoletos BMR) han quedado para más adelante. Todo ello plantea serias dudas sobre la viabilidad de los programas previstos, pues algunos suponen la adquisición de tecnologías en países con los que España no mantiene hoy buenas relaciones diplomáticas o suponen la puesta en valor de un 'mix' de subsistemas dispares en un mismo expediente (cohetes, radares, vehículos de reconocimiento…) que dificultarán la gestión y el cierre de hitos y fases, tal y como ya ocurrió con los demostradores del 8x8.
Por otra parte, la compra directa de nuevos aviones en Suiza (sin retornos industriales), la sustitución de los F18 por Eurofighter, los nuevos C295, los Buques de Acción Marítima (BAM), los hidrográficos, la actualización del Nasams, los morteros embarcados, las baterías Patriot, los misiles PAC-2 GEM-T y ¿los F35? a los que se suman las nuevas radios tácticas U/V/H sobre el concepto SDR o la materialización del Plan MC3 —lanzado por la Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica (Jcisat) del Ejército de Tierra allá por el 2010—, plantean un horizonte inversor complejo muy difícil de pilotar con los recursos actuales del Ministerio de Defensa, y todo ello con el apoyo tangencial de un único centro técnico —el INTA, un órgano público de investigación largamente deseado por el Ministerio de Ciencia— distante de las necesidades de los programas de Defensa y, en especial, del I+D+i sectorial, a lo que se une la falta crónica de ingeniería militar, sustituida por onerosos apoyos externos (Isdefe, Indra, Ineco…).
La ansiada Agencia de Adquisiciones de Defensa acaba de parchearse con la creación de una nueva Secretaría de Estado en el Ministerio de Industria para el control de los Programas Especiales de Armamento (PEA), una inversión de miles de millones que deberá efectuarse en menos de una década, a lo que se añaden las dificultades para arrancar la recién creada Agencia Española del Espacio en Sevilla.
Mientras tanto, la actividad industrial española representa cada vez menos en el PIB español pues, aunque el objetivo marcado por la UE es que debe representar el 20 %, España se va alejando del objetivo con un paupérrimo 13,5 %. En 2021, la cifra de negocios del sector manufacturero español fue de 734.000 millones de los que unos 12.500 millones corresponden a la industria militar en su conjunto (1,7 % del total). El impulso de los programas especiales de armamento se empezará a trasladar a las cifras de negocio en los próximos años (Fuente: informes Tedae y LLYC 2023). El sector exporta el 54 % de sus ventas, correspondiendo el 70% a países UE y OTAN como noveno exportador global. No obstante, parte de la facturación en España de algunos sistemas, como el Spyke, acaba marchando al extranjero como propietarios de la tecnología, por lo que la cifra de negocio total del sector habría que diseccionarla con mayor profundidad para conocer cuántos euros se generan y quedan en España.
Aunque se está trabajando en la implantación de mecanismos legislativos que faciliten la transición hacia una defensa común europea, el gran desafío es hacer más eficiente la colaboración público-privada, fomentando la integración interempresarial mediante fusiones y adquisiciones. Bruselas desea adquirir un mayor protagonismo en el diseño del futuro industrial europeo en materia de Defensa, pero choca con los intereses nacionales y su propia burocracia.
Según se deduce de la participación de los países en la estrategia europea, España está haciendo los deberes al colocarse, tras Francia e Italia, como tercer receptor del Fondo Europeo de Defensa. Estamos presentes en siete de cada diez proyectos financiados y lideramos una de cada cinco iniciativas. Pero para ganar competitividad, España necesita profundizar en la digitalización de sus organizaciones oficiales e industriales, reindustrializar muchos de sus centros de producción, invertir en infraestructuras inteligentes, mejorar las destrezas de su fuerza laboral, especialmente en cuanto a formación profesional, y apoyar a las pequeñas empresas que forman la parte más valiosa del ecosistema industrial militar.
España es el segundo país de la OTAN que menos fondos invierte (relativamente) en defensa. En 2022, la cifra superó ligeramente el 1 %, según datos de la Alianza, solo por delante de Luxemburgo, aunque sólo siete de los treinta aliados cumplieron en 2022 con el compromiso de inversión del 2 %. Los analistas de la consultora NCA han calculado el efecto potencial acumulado de duplicar el peso de la inversión en Defensa desde el 1% actual hasta el 2% objetivo:
-Entre 2022 y 2030, aumento acumulado del gasto equivalente a unos 58.000 millones.
-Alrededor de la mitad de las inversiones tendrían un impacto industrial directo.
-La inversión en defensa pasaría de 12.500 a 29.005 millones de euros en siete años, y traería consigo un repunte de hasta el 1,35% anual en la tasa de crecimiento de la economía española.
Un reciente estudio de la Fundación Alternativas destaca que el futuro del sector industrial militar pasa por la estabilización del marco financiero y la coordinación entre oferta y demanda con objetivos a largo plazo claramente definidos y priorizados. Llegar al 2 % del PIB en 2029 parece poco realista pues las proyecciones de inversión a partir de 2027 supondrían dar un salto disruptivo o habilitar créditos extraordinarios.
Una de las cuestiones a solventar durante la presente década es el apoyo a, y coordinación de las pequeñas y medianas empresas que conforman el núcleo duro de la innovación y la industria auxiliar frente a las 5 o 6 grandes empresas que se llevan el 90 % de la inversión. Asimismo, hay que incrementar las inversiones en I+D+i dual hasta superar el 10 % de la inversión pública en Defensa dirigida a las pymes (por encima de 1.500 millones anuales a repartir entre las 400 organizaciones actuales de tamaño pequeño y mediano) y eliminar las numerosas barreras de entrada impuestas por la reglamentación sectorial y la interpretación sumamente rigurosa que de ella hacen los funcionarios de la DGAM. Con ello se facilitaría la implantación de un tejido industrial capaz de apoyar con éxito a los grandes integradores que podrían así nacionalizar hasta un 80 % de sus insumos o más.
Para llegar a una industria militar 5.0 son imperativos los cambios legislativos, organizativos y procedimentales. El nuevo horizonte inversor es una oportunidad largamente esperada y la palanca que puede conducir a una cierta autonomía estratégica nacional y europea. Hacen falta altura de miras, voluntad política y continuidad en el esfuerzo estratégico.
Durante la transición hay que contar con las Fuerzas Armadas, pues la industria debe proporcionarle los mejores medios posibles, para lo cual los equipos de desarrollo deben incluir al usuario de manera prioritaria. Y por supuesto, no desaprovechar el conocimiento y experiencia de los militares que por razones de edad u otras circunstancias abandonan el servcio activo.
A todo ello se añaden los retos que, desde el punto de vista de la logística 4.0 y la correcta gestión del ciclo de vida de los sistemas, representan la base logística de Córdoba, las bases del Ejército del Aire y del Espacio y los arsenales de Armada, así como el papel de deberá jugar el Cetedex del INTA en Jaén.
Asistimos a un excitante cambio de paradigma: pongamos los medios para avanzar por el camino correcto; es la oportunidad que estábamos esperando.
